Sobre los 25 años a Fujimori

20 01 2010

Se ha ratificado el primer fallo que de condena al ex presidente por delitos ya harto conocidos. Definitivamente, eso es un buen síntoma social.

Pese a ello pienso que el proceso, más que imponer justicia, ha hecho notar que existe una gran diferencia entre los delitos legales y los sociales, pues el daño ha sido ingente: no hace falta sino echar un breve vistazo en la prensa y en la sociedad en general para saber que los crímenes de aquel régimen, no sólo no han sido condenados, sino que ni siquiera han podido ser tomados en cuenta por el proceso legal, pues el legado del fujimorismo trasciende largamente a la persona, que termina envuelta en una irónica atadura que no cambia para nada el futuro del país.

Me explico: la condena a Fujimori toma la forma de aparente inicio de cambio social y compromiso en la estructura misma de la cúpula de corrupción, en un proceso que ha sido observado y reconocido internacionalmente por su legitimidad e independencia. La lectura, entonces, que se hace de los hechos es positiva, pues desharía el aura de fraude con que se distinguido el Poder Judicial durante nuestra historia moderna, y claro, la patria –esa gran entidad abstracta- se vería desagraviada de los crímenes que la mancillaron. Sin embargo, a pesar de aparentemente haber tomado el status quo entre manos para destruirlo, la realidad nos dice que el uso de los hechos puede devenir en consecuencias diametralmente distintas.

Hablo de una diferencia radical, de concepto: el delito tipificado en los códigos legales no es equivalente al crimen inscrito en la cultura y a sus consecuencias, y haríamos muy mal en quedarnos satisfechos con encerrar a una persona pensando que es lo único que corresponde, porque no lo es: si bien la pena es justa hay que aún tender a la justicia.

Lo digo porque aún el uso político de la sentencia no está muy claro: los réditos en popularidad hacia el APRA y su evidente alianza con un fujimorismo aún de masas dejan en el medio al gobierno de Alan García como el gran beneficiado, sin haberse mojado en ninguna parte.

El carácter transgresivo de la sociedad peruana, aquel que se conforma con el signo por sobre el acontecimiento y la intención por el acto, se siente tranquilo, pues la Justicia “ya cumplió”, y se libera de la responsabilidad de la limpieza posterior: la sociedad civil se queja de la deslegitimación de los partidos políticos, el desmembramiento de las organizaciones de base, la cultura del sensacionalismo y la cortina de humo, el uso embrutecedor de los medios, la censura sistemática de los discursos políticos y sociales, el trato por debajo de la mesa, la manipulación e interpretación ilegítima de las leyes, el desprecio por la vida y la voz de los ciudadanos, entre muchos otros, pero no solamente no hace nada para corregirlos, sino que goza de ellos.

La sociedad ha hecho suya la cultura que la vulgarizó en el fujimorato y que revela la estrategia de aquel régimen para eternizarse en el poder: la destrucción del Otro, como referencia moral, ética y jurídica para reencarnar en la figura del dictador todas aquellas instancias. Una jugada perversa que sirvió mientras duró en pie la persona, pero que ha dejado un gran trono en que ahora se sienta otro, con las mismas licencias.

Es por eso que aún los 25 años de condena de un individuo no son suficientes en relación a esos 11 años de eterno ejercicio de poder.

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